La reforma portuaria interrumpida

DINERO EN MOVIMIENTO / Opinión

Aun no puede decirse que la catástrofe sea inevitable, pero los puertos mexicanos han dejado sus días de gloria. Alejados de los objetivos originales de la Reforma Estructural (RE) que los catapultó a la competitividad y el desarrollo desde hace 13 años, han perdido el impulso de la inversión privada, disminuida en 23.4 por ciento sólo en 2006.

Si bien la astringencia financiera tiene que ver con la culminación, entre 2001-2003, de las inversiones comprometidas desde en 1993, derivadas de la reforma de la Ley de Puertos que permitió la concesión de terminales especializadas o RE, el hecho también se debe a la falta de seguridad jurídica en el sector.

Al día de hoy, los tribunales son la instancia donde la Coordinación de Puertos y Marina Mercante que comanda César Patricio Reyes Roel, resuelve una maraña de concesiones emproblemadas en al menos cinco de los 16 principales puertos comerciales, debido en gran parte a la invalidación de la RE.

De hecho, para salvar esos conflictos y dar nueva viabilidad al sector, una nueva reforma legislativa es impulsada por la Asociación Nacional de Terminales Marítimas y Portuarias (ANTMP), que encabeza Arturo López Riestra y que al menos ha sostenido dos reuniones con la Comisión de Transportes del Congreso presidida por Rubén Aguilar.

Sin embargo, nada garantiza un cambio y de ello es ejemplo el Foro de Consulta Portuaria realizado el 29 y 30 de Marzo, en el complejo hospitalario Siglo XXI, donde pocas fueron las voces que se atrevieron a hablar de la crisis de los puertos frente a la arrogancia oficial.

Un ejemplo de las iniciativas judiciales se haya en Lázaro Cárdenas, donde la concesión de la Terminal Especializada de Contenedores (TEC) mantiene un amparo que prohíbe su entrega; otro caso es el de la TEC de Yucatán concesionada inicialmente en monopolio a Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) en menoscabo de al menos 10 operadores que han ganado una resolución en la CFC de Eduardo Pérez.

Y que decir de Punta Colonet que apenas en proyecto de megapuerto, enfrenta seis amparos contra el decreto de Vicente Fox que le dio categoría de puerto, por la delimitación del recinto y en general por actos de autoridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Luis Téllez, contra una concesión minera otorgada por la Secretaría de Economía de Eduardo Sojo.

Ello no es todo, las extralegales Administradoras Costeras Integrales (ACI´s), creadas por acuerdo administrativo tras el fracaso por darles vigencia constitucional; la negativa a la ampliación de concesiones en Manzanillo como el caso de Operadora Portuaria Única de Manzanillo (OPUMA) de Alejandro Clabenitez, una terminal de graneles recién cerrada, hasta el impedimento a abrir la competencia como el caso de Altamira Terminal Multimodal de Enrique de Hita a la que se ha negado la posibilidad de operar contenedores en el recinto, son signos de la anulación de la RE.

Dicha supresión también pude ser ilustrada con la cancelación de la privatización de las Administraciones Portuarias Integrales (API’s), que debieron convertirse en entes administrativos y no en operadores, inversionistas y hasta en “cajas chicas”, un verdadero retorno a las empresas paraestatales plagadas de corrupción, que ya demostraron su inutilidad en tiempos del sistema patrimonialista.

El modelo justo es ocupado en Veracruz, donde un Centro Logístico en ciernes de 300 hectáreas, compradas por la API, se convertirá en otra paraestatal operada y administrada por SCT. Así la obra pública se multiplica en muelles, conectividad de puertos, almacenes, etcétera.

De ahí que a términos totales la inversión pública va en ascenso: en 2006 fue de dos mil 580 millones de pesos, 137 millones más que en 2005, frente a la privada que se contrajo a tres mil 281 millones, mil 929 millones menos que en 2005.

La política de inversión estatal de puertos, que significa menos contraprestaciones y más gasto, contrasta con la estrategia del Secretario Téllez quien privilegia la inversión privada en carreteras frente a los exiguos recursos del estado. Una paradoja. Y hasta el próximo comentario.

*Consultor y director del sistema especializado www.info-transportes.com