Viejo cochambre

Raymundo Riva Palacio
El Universal

Viernes 29 de diciembre de 2006

Un proyecto portuario en Baja California revive las sospechas de corrupción y
tráfico de influencias del gobierno foxista


ENSENADA, BC.- Muchos sabían que Ernesto Ruffo era un político inteligente, pero
pocos imaginaban, que como empresario resultaría visionario. Al arrancar su
sexenio, el presidente Vicente Fox lo nombró comisionado para Asuntos de la
Frontera Norte, un cargo absolutamente ocioso y oneroso para los mexicanos.
Pero para Ruffo, ex gobernador panista de Baja California en 1989-1995, fue
como si hubiera aterrizado en un trampolín. El 25 de septiembre de 2002 la vida
le cambió.

Ese día, como parte de las tareas sin destino nacional que solía realizar, hizo
un recorrido por el puerto de Long Beach, California, donde encontró su idea de
El Dorado. El gran puerto, principal punto de entrada de todos los productos de
Asia, estaba saturado. En condiciones similares se hallaba otro cercano, San
Pedro. Diez meses después, la vida de Ruffo cambió radicalmente.

El 23 de julio de 2003, renunció a su cargo aduciendo motivos de salud. Empezó
su nueva aventura. Con un desembolso de 3 millones de dólares compró mil 315
hectáreas en Punta Colonet, un puerto secundario de buen calado (17 metros de
profundidad) y 10 mil hectáreas de terrenos planos a 240 kilómetros de Tijuana,
lo cual llama la atención debido a la posición gubernamental que había ocupado.
Ruffo anunció que adquiriría otras 500 hectáreas en ese desarrollo que empezó a
promoverse desde el gobierno al que él sirvió. De acuerdo con una investigación
del ex priísta, Jaime Martínez Veloz, los socios de Ruffo son un constructor
privilegiado por gobiernos panistas, Roberto Curiel Ortega, con quien fundó la
empresa Puerto Colonet Infraestructura que busca controlar toda la construcción
del nuevo embarcadero, y Héctor Moisés Calderón, accionista de la inmobiliaria
que vendió los terrenos, y Juan Manuel Chávez García, con quienes creó otra
empresa, Integradora Baja Aeropuerto, que adquirió 3 mil hectáreas para
construir un aeropuerto internacional de carga.

Los mexicanos no van solos en el proyecto, de hecho ellos van al frente, dado
que los inversionistas extranjeros no pueden tener título de propiedad sobre
extensiones costeras. El operador del puerto, de acuerdo con un permiso que
firmó el gobernador también panista de Baja California, Eugenio Elorduy, en
marzo pasado, será Hutchinson Port Holdings, que opera actualmente los cuatro
puertos más importantes de México; Veracruz, Manzanillo, Ensenada y Lázaro
Cárdenas, además de contar con dos concesiones en el Canal de Panamá. Esta
empresa pertenece a Hutchinson Whampoa, propiedad de Li Ka Shing, uno de los
hombres más ricos del mundo que comenzó con la especulación bursátil en Hong
Kong, sobre la cual edificó un imperio que integra la aviación (controla Air
Canada), telecomunicaciones, generación de electricidad, biotecnología,
petróleo, hostelería, construcción, medios de comunicación. El sector
portuario, que representa la tercera parte de sus ingresos anuales.

El círculo de socios se cierra con Union Pacific, una de las empresas
ferroviarias más importantes de Estados Unidos, que no sólo operaría toda carga
por tierra de Punta Colonet a Estados Unidos, sino que realizaría el trazo y
colocación de vías ferroviarias en dos sentidos entre ese puerto y San Isidro,
California. Union Pacific parece un socio más que natural dado que el nuevo
proyecto portuario busca sacar provecho de la saturación de los puertos
californianos y el Tratado de Libre Comercio. No sólo es quien más opera a lo
largo del Pacífico, sino además tiene entre sus miembros del Consejo de
Administración, al ex presidente Ernesto Zedillo, que durante su administración
privatizó el sistema ferroviario y puso en venta los derechos de vía.

El proyecto es redondo. Long Beach y San Pedro tienen 27 terminales principales
de carga y accesos ferroviarios fáciles. En Punta Colonet se tiene pensado
instalar 17, que serían más del total que se tienen en todos los puertos
mexicanos combinados hoy en día. Los dos puertos californianos manejan 40% de
toda la carga que llega a EU y 80% de todos los productos que llegan de Asia
entran al mercado estadounidense por sus terminales. Pero ya no dan para más.
En 2004, 50 buques provenientes de Asia con 75 mil contenedores a bordo
estuvieron sin descargar seis días, lo que les produjo pérdidas mayores a los
50 mil dólares diarios a cada uno.

Las posibilidades portuarias del noroeste mexicano fueron vislumbradas en el
foxismo, allanándose el camino, deliberada o inopinadamente. Martínez Veloz
asegura que 70% de todos los contenedores descargados en California llegan de
acuerdo con las disposiciones del Programa de Seguridad de Contenedores, que es
un puerto estadounidense creado para que la revisión de la carga sea en los
países de embarque, facilitando así un comercio más expedito.

En 2005, el gobierno de México suscribió con Estados Unidos y Canadá la Alianza
para la Prosperidad y el Progreso, paraguas de acciones metalegales, cuya
aprobación y ejecución no pasa por el Legislativo, sino permanece en el
Ejecutivo. Entre los puntos relevantes se encuentra precisamente la
instauración de puertos fronterizos estadounidenses sobre territorio mexicano
para efectos de carga, a fin de que se mantenga rápido el acceso de los
productos al mercado estadounidense dentro de las nuevas regulaciones de
seguridad derivadas de los ataques terroristas en 2001.

Punta Colonet es uno de los principales desarrollos que tiene en la cabeza el
nuevo gobierno. Desde el punto de vista estratégico, es una gran acción
empresarial que sacará provecho de las debilidades del sistema portuario
norteamericano. Lo malo es el cochambre de siempre. La presencia tan relevante
de Ruffo en el proyecto vuelve a oscurecer la forma como actuó la
administración foxista, llena de sospechas de corrupción y conflictos de
interés. El gobierno de Calderón tiene que actuar con claridad si quiere un
deslinde de esas tan cuestionables prácticas del foxismo.

Delimitan Puerto de Bahía Colonet

Nota publicada el 28 de diciembre de 2006
Por Elizabeth Vargas

El Diario oficial de la Federación publicó el 18 de diciembre, el Acuerdo mediante el cual se delimita y determina el recinto portuario del puerto de Bahía Colonet, Municipio de Ensenada, Estado de Baja California. En este decreto se puntualizan en el primer artículo, las coordenadas 30º 58’latitud norte y 116º Longitud Oeste en un espacio de tierra de 83-16-55.962 hectáreas, agua: 2,686-55-94.351 hectáreas y con un recinto portuario de 2,769-72-50.313 Hectáreas.

En el decreto en el artículo segundo se declaran afectas al recinto portuario y bajo la administración de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las zonas federales que comprenden las áreas de agua, terrenos, obras e instalaciones adquiridas o construidas por el Gobierno Federal y, en general, los bienes de dominio público ubicados en el recinto portuario a que se refiere el Acuerdo; mismos que se destinarán al establecimiento de instalaciones y a la prestación de servicios portuarios. Las construcciones e instalaciones que ejecuten particulares, adheridas permanentemente a los bienes de dominio público de la Federación que comprenden, estarán afectas a los recintos portuarios y pasarán al dominio de la Nación, al término de la vigencia de los títulos respectivos. El artículo tercero establece que: El recinto portuario a que se refiere este Acuerdo se sujetara a las disposiciones de la Ley de Puertos, entre las cuales están las siguientes: I. Su administración y operación queda a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual podrá encomendarla a alguna sociedad mercantil mexicana que obtenga concesión para la administración portuaria integral; II. Los bienes de dominio público que comprende serán susceptibles de uso, aprovechamiento, explotación o prestación de servicios portuarios, mediante concesión o permiso que otorgue la Secretaria de Comunicaciones y Transportes o en virtud de contrato de cesión parcial de derechos o prestación de servicios que el administrador portuario celebre con terceros; III. Los usos, destinos y modos de operación que se determinen para sus diferentes zonas, se sujetarán al programa maestro de desarrollo portuario respectivo, y IV. Su uso, aprovechamiento y explotación, se sujetará a lo prescrito por los ordenamientos federales aplicables, en cuanto a las autoridades competentes de dicho fuero, su régimen de administración y operación, la construcción de obras e instalaciones portuarias y el pago de aprovechamientos, derechos o contraprestaciones contractuales que correspondan según el caso.

En el artículo cuarto se precisa que las autoridades competentes ejercerán sus atribuciones en el recinto portuario, inclusive en las áreas concesionadas, en los términos prescritos por las disposiciones legales aplicables. El acuerdo publicado en el diario oficial de la federación del 18 de diciembre entró en vigor un día después de su publicación.

No se crea comisión para Colonet

Ensenada, B. C. - "Con invitación o sin ella", se realizó ayer el "Primer Foro de Análisis del Megapuerto de Punta Colonet", que tenía como objetivo la creación de una comisión en función de un ordenamiento estructural para el desarrollo industrial que promete el complejo.

La reunión se llevó a cabo en la sala de juntas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), con la asistencia del senador Graco Ramírez Garrido Abreu, así como empresarios, diputados y sociedad civil, con intereses personales relacionados con el megaproyecto.

Sin prerrogativas y después de un breve discurso de bienvenida que ofreció el diputado Jaime Palafox Granados, el presidente del grupo "Visión 20-25", Ignacio Beamonte, inició la presentación con una propuesta de ordenamiento puntual para la zona marítima y terrestre de Punta Colonet.

Además de la competitividad económica que promete el puerto de Colonet para el Municipio de Ensenada, Ignacio Beamonte refirió que éste sería un desahogo marítimo "urgente" para la costa de Ensenada.

Le siguió la intervención del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca), Andrés Armenta, quien refirió que el sistema político en México beneficia al gobierno federal, y sugirió que el Ayuntamiento debe participar "de origen en el proyecto".

Ricardo Thompson, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen), hizo énfasis en la necesidad de crear una comisión de planeación estructurada por investigadores, empresarios y sociedad civil.

Gabriel Chávez, representante del Grupo Minero Lobos, expuso la propuesta de establecer un desarrollo de explotación mineral en la zona marítima de Colonet.

Luego de la presentación, sustentó con documentos basados en investigaciones, el beneficio económico que tendría para México la instalación de una empresa minera, de origen alemán.

La presentación de Gabriel Chávez desató una polémica entre los presentes, pues según ejidatarios presentes, la empresa minera lleva más de cuatro años con negaciones y hasta el momento no han logrado establecer un acuerdo.

El presidente de la Canacintra, Efraín Kantel, abrió el dialogo entre los presentes para que tanto empresarios como funcionarios, intercambiaran opiniones con los presentes en la reunión "express".

Ante la oleada de propuestas por parte de los diferentes sectores, el grupo de ejidatarios impuso su postura y exigieron a los interesados políticos y económicos que se les incluya en cualquier decisión que corresponde al proyecto.

"O de lo contrario cumplirán lo que se rumora y entorpecerán por completo el Megaproyecto de Punta Colonet, si sus propuestas no son atendidas", concluyeron.

El objetivo fundamental del foro, que era constituir una comisión para el ordenamiento del desarrollo industrial de Punta Colonet, impulsado por el puerto en proyecto, no se cumplió por la divergencia de opiniones de los actores, sin embargo, el senador Ramírez Garrido Abreu se comprometió a que en enero próximo se formarán las mesas de trabajo para establecer la comisión.