Por: Axel Arriaga
El proyecto de puerto marítimo será el tercero más importante del mundo,
aunque para ello sólo algunos, como el actual senador suplente por el PAN,
se verán beneficiados
El senador suplente por Baja California del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo Appel –el titular es Alejandro González Alcocer– ex gobernador de la entidad, es investigado por su relación con el proyecto marítimo Punta Colonet, donde aparece como uno de los socios del magnate asiático Li Ka Shing, ya que utilizó cargos públicos para conocer los beneficios de este lugar que se convertirá a futuro en el tercer puerto más importante del mundo, por debajo de Singapur y Hong Kong, con una inversión inicial de 15 mil millones de dólares.
De acuerdo a la investigación que realizaron algunos legisladores –la cual conoció QUEHACER POLÍTICO– de la Cámara de Diputados, encabezados por el perredista Emilio Ulloa Pérez, llegaron a la conclusión de que este proyecto servirá para desahogar la marina mercante de productos en los puertos marítimos de Long Beach y California, sin embargo, esto beneficia a Estados Unidos y no a México, además de que los buques marinos sufrirán de tránsito en altamar por días enteros y tendrán pérdidas hasta de 50 mil dólares por día.
Según la documentación y el informe que conoció este semanario, Ruffo Appel, cuando fue gobernador y comisionado para Asuntos de la Frontera Norte, se asoció con el ex diputado federal del PAN, César Patricio Reyes Roal, quien actualmente es coordinador general de Puertos y Marina Mercante del estado, para buscar beneficiarse con la construcción de este proyecto marítimo de Punta Colonet.
De igual forma, Ruffo Appel aparece en los negocios de esta empresa, la cual ya trabaja en cuatro puertos de México que son: Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Tampico, denominada Hutchison Port Holdings, de capital asiático y que se está enriqueciendo gracias a los litorales mexicanos.
Un punto que investigan los legisladores es el tráfico de influencias y la corrupción de Ruffo Appel, por lo que aseguran buscó el fuero federal para que no se le hiciera nada.
INTERESES PISOTEADOS
Sin duda, Baja California es el nuevo centro de atención de los intereses de los consorcios internacionales y sus “socios” locales, que buscan aprovecharse de la ubicación estratégica para desarrollar ambiciosos proyectos, donde el bienestar de los bajacalifornianos, la seguridad y el interés nacional es lo que menos interesa.
Los verdaderos intereses es la ganancia sobre la base de utilizar a Baja California como trampolín para abastecer de energéticos y mercancías a otros países, en este caso Estados Unidos, puesto que en la definición de utilizar la construcción del proyecto en Punta Colonet, la situación de los puertos de California ha sido factor determinante.
De acuerdo a la investigación que conoció este semanario, “los gobiernos panistas tanto locales como federal, se asumen como presuntas gerencias de paso, funcionales a los intereses de las grandes corporaciones. De gobernantes pasan a ser empleados de las mismas, poniendo al servicio de ellas la información que les brinda su paso por las dependencias públicas. El proyecto de instalar en Punta Colonet un desarrollo portuario e industrial, es uno de los mejores ejemplos de esta conducta”.
Las corporaciones más grandes del mundo tienen los ojos puestos sobre las costas de la península de Baja California.
“A 130 kilómetros al sur de Ensenada, Punta Colonet cuenta con diez mil hectáreas de terrenos planos y un canal de navegación de 17 metros de profundidad.
“Muchos de los habitantes de las poblaciones receptoras de proyectos transnacionales carecen de múltiples servicios, mientras los gobernantes ofrecen las riquezas naturales o la ubicación de zonas estratégicas para megaproyectos de infraestructura, que producen enormes ganancias monetarias a las compañías extranjeras, a cambio de dádivas y limosnas a las comunidades afectadas”.
EL CONTEXTO
Siendo comisionado para Asuntos de la Frontera Norte, Ernesto Ruffo Appel realizó un recorrido por el puerto de Long Beach –importante para la marina mercante proveniente de Asia en Estados Unidos– el 25 de septiembre de 2002 y descubrió las condiciones de los puertos de Los Ángeles. Acumuló información de la problemática portuaria que enfrenta la importación y exportación de mercancías, sus sistemas de operación y la demanda que tienen, pero sobre todo el potencial que significa ese negocio en los litorales mexicanos.
Por eso el 23 de julio del año 2003, Ernesto Ruffo renunció a su cargo de comisionado para Asuntos de la Frontera Norte, argumentado problemas de salud, sin embargo, su paso por el Gobierno federal le sirvió para identificar información y establecer relaciones clave para desarrollar el proyecto del puerto Punta Colonet, del cual es uno de los principales promotores.
Se suma que el pasado 1 de abril de 2003, el ex diputado federal César Patricio Reyes Roel, asumió el cargo de coordinador general de Puertos y Marina Mercante, para convertirse en uno de los principales aliados en la estrategia de los nuevos patrones del ahora senador suplente por Baja California y los socios panistas. Es decir, el consorcio Hutchison Port Holdings (HPH), cuyo dueño es el magnate asiático Li Ka Shing, que tiene en México como representante y director general a Jorge Magno Lecona, amigo y protegido de las autoridades federales mexicanas.
La firma oriental HPH es parte del grupo Hutchison Whampoa Limited, cuya facturación anual en 2004 superó los 24 mil millones de dólares, una tercera parte de ellos provino de su división portuaria, con presencia en 35 de los puertos más importantes del mundo. En los últimos años han mostrado un marcado interés por controlar el mercado de la carga marítima en el Continente Americano. Tienen bajo su control las concesiones de los puertos San Cristóbal y Balboa del canal de Panamá, después de que los norteamericanos entregaron el canal, también operan el de las Bahamas y el de Buenos Aires. En México operan actualmente los cuatro puertos más importantes del país: Manzanillo, Ensenada, Veracruz y Lázaro Cárdenas.
NEGOCIOS OSCUROS
En la licitación del puerto Lázaro Cárdenas se produjo una acción que dibuja el pantano de la vileza y la corrupción empresarial, transnacional y gubernamental. El concurso para operar la Terminal de Contenedores de Lázaro Cárdenas lo perdió HPH, lo ganó la Controladora y Operadora de Terminales (Cotsa), de Francisco López Barredo y Arturo López Riestra, a quienes en una clara maniobra pactada desde antes del concurso, Hutchison Port Holding, al mes de haberse adjudicado la cesión, les compró el 51 por ciento de las acciones, lo cual motivó a otra compañía concursante a demandar la nulidad de la concesión.
En el expediente que conoció QUEHACER POLÍTICO se dice que el 24 de octubre del presente año, la Séptima Sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de la nulidad promovido por Stevedoring Services of América (SSA), a través de TMM, Transportación Marítima Mexicana, en el expediente 18281/03-07-4, concedió la suspensión definitiva de la ejecución del fallo decretado el 4 de abril de 2003, mediante el cual se declara ganador del concurso a Controladora y Operadora de Terminales (COT), e impide que se asigne el contrato parcial de derechos de (HPH) para operar la terminal especializada de contenedores.
Las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en lugar de acatar el fallo de los tribunales mexicanos, violando el del Tribunal, le permitieron operar a HPH y han respondido cancelando las operaciones portuarias de la empresa demandante (SSA) en el puerto de Cozumel.
En medio de la crisis generada por los manejos turbios en el Puerto Lázaro Cárdenas, el administrador del mismo, Salvador Paratore García, se vio obligado a renunciar entre imputaciones de realizar serias irregularidades y fabricar beneficios comerciales, contrarios a la ley y acusaciones de apoyos financieros ilegales al PAN.
CÓMPLICES
La parcialidad y favoritismo de las autoridades portuarias y el consorcio oriental (HPH) tiene hasta hoy razones inexplicables pero que algún día serán conocidas. Con ese grado de complicidad, los funcionarios de la SCT y del Gobierno del estado empezaron a desarrollar, en la clandestinidad, el proyecto del megapuerto en Punta Colonet.
No existe registro alguno en las propuestas o planes gubernamentales federales y estatales de un proyecto de esa naturaleza y sobre la base de sentirse respaldados por el gobierno de Vicente Fox, empezaron a tejer la red de complicidades y las acciones necesarias para concretar lo que consideran será para ellos un jugoso negocio.
El 29 de marzo de este año, en un viaje por Asia, el gobernador actual de la entidad, Eugenio Elorduy, declaró: “Hemos firmado un acuerdo para un estudio de viabilidad del proyecto Punta Colonet con los directivos portuarios de Hutchison”.
Es obvio que este tipo de declaraciones expresan no sólo la supina ignorancia acerca de las leyes mexicanas que tienen los gobernantes, sino la forma en cómo asumen su papel de gobierno. El tema por esencia es de carácter federal y aunque la opinión del estado es relevante, es cuando menos cuestionable que el Gobierno del estado se entrometa en el proceso de licitación que por ley lo deben realizar las autoridades federales del ramo.
POCA TRANSPARENCIA
Lo que no ha quedado claro en el proyecto de Punta Colonet es por qué razón lo realiza el Consorcio Mundial de Construcción y Servicios CH2M Hill Manager Services, con cargo a la cartera de Hutchison Port Holding, algo que ha generado preguntas sin respuestas, puesto que no hubo licitación alguna y menos el proyecto ha sido abierto y transparente.
Punta Colonet será el tercer puerto más importante del mundo, con la terminal de varios contenedores de unos seis millones aproximados que se irán incrementando en menos de cinco años, además de que el descargo del material será para Estados Unidos principalmente.
Cabe mencionar que en este asunto, donde Ruffo Appel se encuentra bien metido, se buscará instalar una planta generadora de energía con capacidad para 600 megawatts, la cual necesitará una inversión aproximada de 500 millones de dólares, además de dos plantas regasificadoras de gas natural que implicarían una inversión de mil 300 millones de dólares.
En Punta Colonet la carga sería a través de las empresas estadounidenses de trenes de carga Union Pacific, que tiene una red instalada en 23 estados del país americano. Este centro marítimo tendrá una dimensión de unos 300 kilómetros para conectar a Mexicali, Calexico, California, para luego enlazarse a los trenes de Estados Unidos y pasar a todo el país vecino. Este proyecto tendrá un costo total de nueve mil 200 millones de dólares.
Cabe mencionar que el ex gobernador de Baja California llamó para este proyecto al constructor y principal beneficiario de los contratos de obra de los gobiernos panistas, Roberto Curiel Ortega, para asociarse, y formaron la empresa Puerto Colonet Infraestructura (PCI) que pretende competir en la licitación del puerto y después de asociarse con las navieras internacionales que serían las que financiarán la obra.
También Ruffo Appel creó la empresa Integradora Baja Aeropuerto con Héctor Moisés Calderón Quintero (accionista inmobiliario de los terrenos donde Sempra Energy y Shell construyen una regasificadora en Ensenada) y Juan Manuel Chávez García, quienes adquirieron el terreno de tres mil hectáreas en la Meseta del Tigre, donde pretenden construir un aeropuerto internacional con la ayuda de algunas mesetas extranjeras.
En la denuncia que hacen en la investigación, se pone en evidencia que Ruffo Appel, tras ganar la licitación, en menos de tres meses estará ofreciéndosela a Hutchison de forma total para convertirse en beneficiario de todo lo que se produzca y el tráfico marino mercante hacia Estados Unidos.
De acuerdo con los datos consultados por este semanario, queda de manifiesto que HPH es un consorcio de negocios y no un organismo asistencial.
Otro asunto que aún no ha quedado claro es por qué hay tanto interés por parte del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola, para que se haga la licitación en próximas fechas y se consiga beneficiar a Ruffo Appel.
Hay más. En forma inexplicable, mientras la SCT trabajaba en la concreción del proyecto de Punta Colonet, la Secretaría de Economía del Gobierno federal entregó una concesión a Grupo Minero de Baja California, el 25 de mayo de 2005, por 30 mil hectáreas para la explotación de magnetita y titanio, que incluye el derecho de tres mil hectáreas de mar frente a Punta Colonet, en el mismo sitio donde se pretende construir el puerto.
Dicha concesión tiene 50 kilómetros de costa y 15 kilómetros mar adentro, y abarca Punta Colonet, Punta San Telmo, San Antonio del Mar y Punta Eréndira. Esta metida de pata de dos secretarías de un mismo Gobierno refleja la inconsistencia de las instituciones mexicanas, las cuales se han convertido en gerencias de paso al servicio de los poderosos, sin plan ni proyecto.
Errores
Ernesto Ruffo Appel se ha visto superado con ese error de la SCT y de Economía al otorgar una parte de Punta Colonet al Grupo Minero de Baja California, quien al darse cuenta de lo pretendido logró asociarse con Stevedoring Services of America (SSA) para crear la empresa Baja California Puerto Enterprise (BCPE), que pretende administrar una tercera parte de Punta Colonet, lo que ocasionó que Pedro Cerisola decidiera clausurarles una Terminal de Cruceros en Cozumel, para obtener en su totalidad para Hutchison Port Holding los derechos y las ganancias netas del proyecto.
(Axel Arriaga)
aunque para ello sólo algunos, como el actual senador suplente por el PAN,
se verán beneficiados
El senador suplente por Baja California del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo Appel –el titular es Alejandro González Alcocer– ex gobernador de la entidad, es investigado por su relación con el proyecto marítimo Punta Colonet, donde aparece como uno de los socios del magnate asiático Li Ka Shing, ya que utilizó cargos públicos para conocer los beneficios de este lugar que se convertirá a futuro en el tercer puerto más importante del mundo, por debajo de Singapur y Hong Kong, con una inversión inicial de 15 mil millones de dólares.
De acuerdo a la investigación que realizaron algunos legisladores –la cual conoció QUEHACER POLÍTICO– de la Cámara de Diputados, encabezados por el perredista Emilio Ulloa Pérez, llegaron a la conclusión de que este proyecto servirá para desahogar la marina mercante de productos en los puertos marítimos de Long Beach y California, sin embargo, esto beneficia a Estados Unidos y no a México, además de que los buques marinos sufrirán de tránsito en altamar por días enteros y tendrán pérdidas hasta de 50 mil dólares por día.
Según la documentación y el informe que conoció este semanario, Ruffo Appel, cuando fue gobernador y comisionado para Asuntos de la Frontera Norte, se asoció con el ex diputado federal del PAN, César Patricio Reyes Roal, quien actualmente es coordinador general de Puertos y Marina Mercante del estado, para buscar beneficiarse con la construcción de este proyecto marítimo de Punta Colonet.
De igual forma, Ruffo Appel aparece en los negocios de esta empresa, la cual ya trabaja en cuatro puertos de México que son: Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Tampico, denominada Hutchison Port Holdings, de capital asiático y que se está enriqueciendo gracias a los litorales mexicanos.
Un punto que investigan los legisladores es el tráfico de influencias y la corrupción de Ruffo Appel, por lo que aseguran buscó el fuero federal para que no se le hiciera nada.
INTERESES PISOTEADOS
Sin duda, Baja California es el nuevo centro de atención de los intereses de los consorcios internacionales y sus “socios” locales, que buscan aprovecharse de la ubicación estratégica para desarrollar ambiciosos proyectos, donde el bienestar de los bajacalifornianos, la seguridad y el interés nacional es lo que menos interesa.
Los verdaderos intereses es la ganancia sobre la base de utilizar a Baja California como trampolín para abastecer de energéticos y mercancías a otros países, en este caso Estados Unidos, puesto que en la definición de utilizar la construcción del proyecto en Punta Colonet, la situación de los puertos de California ha sido factor determinante.
De acuerdo a la investigación que conoció este semanario, “los gobiernos panistas tanto locales como federal, se asumen como presuntas gerencias de paso, funcionales a los intereses de las grandes corporaciones. De gobernantes pasan a ser empleados de las mismas, poniendo al servicio de ellas la información que les brinda su paso por las dependencias públicas. El proyecto de instalar en Punta Colonet un desarrollo portuario e industrial, es uno de los mejores ejemplos de esta conducta”.
Las corporaciones más grandes del mundo tienen los ojos puestos sobre las costas de la península de Baja California.
“A 130 kilómetros al sur de Ensenada, Punta Colonet cuenta con diez mil hectáreas de terrenos planos y un canal de navegación de 17 metros de profundidad.
“Muchos de los habitantes de las poblaciones receptoras de proyectos transnacionales carecen de múltiples servicios, mientras los gobernantes ofrecen las riquezas naturales o la ubicación de zonas estratégicas para megaproyectos de infraestructura, que producen enormes ganancias monetarias a las compañías extranjeras, a cambio de dádivas y limosnas a las comunidades afectadas”.
EL CONTEXTO
Siendo comisionado para Asuntos de la Frontera Norte, Ernesto Ruffo Appel realizó un recorrido por el puerto de Long Beach –importante para la marina mercante proveniente de Asia en Estados Unidos– el 25 de septiembre de 2002 y descubrió las condiciones de los puertos de Los Ángeles. Acumuló información de la problemática portuaria que enfrenta la importación y exportación de mercancías, sus sistemas de operación y la demanda que tienen, pero sobre todo el potencial que significa ese negocio en los litorales mexicanos.
Por eso el 23 de julio del año 2003, Ernesto Ruffo renunció a su cargo de comisionado para Asuntos de la Frontera Norte, argumentado problemas de salud, sin embargo, su paso por el Gobierno federal le sirvió para identificar información y establecer relaciones clave para desarrollar el proyecto del puerto Punta Colonet, del cual es uno de los principales promotores.
Se suma que el pasado 1 de abril de 2003, el ex diputado federal César Patricio Reyes Roel, asumió el cargo de coordinador general de Puertos y Marina Mercante, para convertirse en uno de los principales aliados en la estrategia de los nuevos patrones del ahora senador suplente por Baja California y los socios panistas. Es decir, el consorcio Hutchison Port Holdings (HPH), cuyo dueño es el magnate asiático Li Ka Shing, que tiene en México como representante y director general a Jorge Magno Lecona, amigo y protegido de las autoridades federales mexicanas.
La firma oriental HPH es parte del grupo Hutchison Whampoa Limited, cuya facturación anual en 2004 superó los 24 mil millones de dólares, una tercera parte de ellos provino de su división portuaria, con presencia en 35 de los puertos más importantes del mundo. En los últimos años han mostrado un marcado interés por controlar el mercado de la carga marítima en el Continente Americano. Tienen bajo su control las concesiones de los puertos San Cristóbal y Balboa del canal de Panamá, después de que los norteamericanos entregaron el canal, también operan el de las Bahamas y el de Buenos Aires. En México operan actualmente los cuatro puertos más importantes del país: Manzanillo, Ensenada, Veracruz y Lázaro Cárdenas.
NEGOCIOS OSCUROS
En la licitación del puerto Lázaro Cárdenas se produjo una acción que dibuja el pantano de la vileza y la corrupción empresarial, transnacional y gubernamental. El concurso para operar la Terminal de Contenedores de Lázaro Cárdenas lo perdió HPH, lo ganó la Controladora y Operadora de Terminales (Cotsa), de Francisco López Barredo y Arturo López Riestra, a quienes en una clara maniobra pactada desde antes del concurso, Hutchison Port Holding, al mes de haberse adjudicado la cesión, les compró el 51 por ciento de las acciones, lo cual motivó a otra compañía concursante a demandar la nulidad de la concesión.
En el expediente que conoció QUEHACER POLÍTICO se dice que el 24 de octubre del presente año, la Séptima Sala del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de la nulidad promovido por Stevedoring Services of América (SSA), a través de TMM, Transportación Marítima Mexicana, en el expediente 18281/03-07-4, concedió la suspensión definitiva de la ejecución del fallo decretado el 4 de abril de 2003, mediante el cual se declara ganador del concurso a Controladora y Operadora de Terminales (COT), e impide que se asigne el contrato parcial de derechos de (HPH) para operar la terminal especializada de contenedores.
Las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en lugar de acatar el fallo de los tribunales mexicanos, violando el del Tribunal, le permitieron operar a HPH y han respondido cancelando las operaciones portuarias de la empresa demandante (SSA) en el puerto de Cozumel.
En medio de la crisis generada por los manejos turbios en el Puerto Lázaro Cárdenas, el administrador del mismo, Salvador Paratore García, se vio obligado a renunciar entre imputaciones de realizar serias irregularidades y fabricar beneficios comerciales, contrarios a la ley y acusaciones de apoyos financieros ilegales al PAN.
CÓMPLICES
La parcialidad y favoritismo de las autoridades portuarias y el consorcio oriental (HPH) tiene hasta hoy razones inexplicables pero que algún día serán conocidas. Con ese grado de complicidad, los funcionarios de la SCT y del Gobierno del estado empezaron a desarrollar, en la clandestinidad, el proyecto del megapuerto en Punta Colonet.
No existe registro alguno en las propuestas o planes gubernamentales federales y estatales de un proyecto de esa naturaleza y sobre la base de sentirse respaldados por el gobierno de Vicente Fox, empezaron a tejer la red de complicidades y las acciones necesarias para concretar lo que consideran será para ellos un jugoso negocio.
El 29 de marzo de este año, en un viaje por Asia, el gobernador actual de la entidad, Eugenio Elorduy, declaró: “Hemos firmado un acuerdo para un estudio de viabilidad del proyecto Punta Colonet con los directivos portuarios de Hutchison”.
Es obvio que este tipo de declaraciones expresan no sólo la supina ignorancia acerca de las leyes mexicanas que tienen los gobernantes, sino la forma en cómo asumen su papel de gobierno. El tema por esencia es de carácter federal y aunque la opinión del estado es relevante, es cuando menos cuestionable que el Gobierno del estado se entrometa en el proceso de licitación que por ley lo deben realizar las autoridades federales del ramo.
POCA TRANSPARENCIA
Lo que no ha quedado claro en el proyecto de Punta Colonet es por qué razón lo realiza el Consorcio Mundial de Construcción y Servicios CH2M Hill Manager Services, con cargo a la cartera de Hutchison Port Holding, algo que ha generado preguntas sin respuestas, puesto que no hubo licitación alguna y menos el proyecto ha sido abierto y transparente.
Punta Colonet será el tercer puerto más importante del mundo, con la terminal de varios contenedores de unos seis millones aproximados que se irán incrementando en menos de cinco años, además de que el descargo del material será para Estados Unidos principalmente.
Cabe mencionar que en este asunto, donde Ruffo Appel se encuentra bien metido, se buscará instalar una planta generadora de energía con capacidad para 600 megawatts, la cual necesitará una inversión aproximada de 500 millones de dólares, además de dos plantas regasificadoras de gas natural que implicarían una inversión de mil 300 millones de dólares.
En Punta Colonet la carga sería a través de las empresas estadounidenses de trenes de carga Union Pacific, que tiene una red instalada en 23 estados del país americano. Este centro marítimo tendrá una dimensión de unos 300 kilómetros para conectar a Mexicali, Calexico, California, para luego enlazarse a los trenes de Estados Unidos y pasar a todo el país vecino. Este proyecto tendrá un costo total de nueve mil 200 millones de dólares.
Cabe mencionar que el ex gobernador de Baja California llamó para este proyecto al constructor y principal beneficiario de los contratos de obra de los gobiernos panistas, Roberto Curiel Ortega, para asociarse, y formaron la empresa Puerto Colonet Infraestructura (PCI) que pretende competir en la licitación del puerto y después de asociarse con las navieras internacionales que serían las que financiarán la obra.
También Ruffo Appel creó la empresa Integradora Baja Aeropuerto con Héctor Moisés Calderón Quintero (accionista inmobiliario de los terrenos donde Sempra Energy y Shell construyen una regasificadora en Ensenada) y Juan Manuel Chávez García, quienes adquirieron el terreno de tres mil hectáreas en la Meseta del Tigre, donde pretenden construir un aeropuerto internacional con la ayuda de algunas mesetas extranjeras.
En la denuncia que hacen en la investigación, se pone en evidencia que Ruffo Appel, tras ganar la licitación, en menos de tres meses estará ofreciéndosela a Hutchison de forma total para convertirse en beneficiario de todo lo que se produzca y el tráfico marino mercante hacia Estados Unidos.
De acuerdo con los datos consultados por este semanario, queda de manifiesto que HPH es un consorcio de negocios y no un organismo asistencial.
Otro asunto que aún no ha quedado claro es por qué hay tanto interés por parte del secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola, para que se haga la licitación en próximas fechas y se consiga beneficiar a Ruffo Appel.
Hay más. En forma inexplicable, mientras la SCT trabajaba en la concreción del proyecto de Punta Colonet, la Secretaría de Economía del Gobierno federal entregó una concesión a Grupo Minero de Baja California, el 25 de mayo de 2005, por 30 mil hectáreas para la explotación de magnetita y titanio, que incluye el derecho de tres mil hectáreas de mar frente a Punta Colonet, en el mismo sitio donde se pretende construir el puerto.
Dicha concesión tiene 50 kilómetros de costa y 15 kilómetros mar adentro, y abarca Punta Colonet, Punta San Telmo, San Antonio del Mar y Punta Eréndira. Esta metida de pata de dos secretarías de un mismo Gobierno refleja la inconsistencia de las instituciones mexicanas, las cuales se han convertido en gerencias de paso al servicio de los poderosos, sin plan ni proyecto.
Errores
Ernesto Ruffo Appel se ha visto superado con ese error de la SCT y de Economía al otorgar una parte de Punta Colonet al Grupo Minero de Baja California, quien al darse cuenta de lo pretendido logró asociarse con Stevedoring Services of America (SSA) para crear la empresa Baja California Puerto Enterprise (BCPE), que pretende administrar una tercera parte de Punta Colonet, lo que ocasionó que Pedro Cerisola decidiera clausurarles una Terminal de Cruceros en Cozumel, para obtener en su totalidad para Hutchison Port Holding los derechos y las ganancias netas del proyecto.
(Axel Arriaga)
